Durante las últimas décadas y de manera creciente, el diseño y evaluación de políticas públicas en salud, pobreza y educación se han volcado hacia la arena de profesionales expertos. Los beneficiarios de dichas políticas, en este caso, los estudiantes tradicionalmente fueron excluidos de dicho diseño. Los estudiantes chilenos demostraron lo limitado de dicha noción. Crecientemente, quienes diseñan las políticas necesitan considerar los aspectos culturales y sociales. Esa es la conclusión de los investigadores del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) y del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI), Cristián Bellei y Cristián Cabalin, ambos de la U. de Chile.
Bellei y Cabalin analizaron el impacto de los movimientos estudiantiles de 2006 y 2011 en Chile en un trabajo publicado por la revista Current Issues in Comparative Education (CICE), del Teachers College de la U. de Columbia, y presentado el jueves 13 de marzo en la Conferencia Anual de la Comparative & Internacional Education Society (CIES) en Toronto, Canadá.
En su artículo, los académicos señalan que los estudiantes son parte de una nueva generación de actores políticos en educación. "Desde una perspectiva sociológica, Chile está experimentando una transición desde una generación pasiva a una activa... Algunas de sus demandas aún son objeto de debate político y tienen un tremendo impacto en las políticas educacionales. Ese hecho representa un cambio significativo para la sociedad chilena y es del mayor interés desde una perspectiva comparada de políticas educacionales", afirman los autores.
Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizan el impacto de las protestas estudiantiles de 2006 y 2011, la primera encabezada por secundarios bajo el primer mandato de la Presidenta Bachelet y la segunda por los universitarios bajo la administración de Piñera. "Después de las protestas secundarias de 2006, todos los cambios parecían posibles", afirman los autores y recuerdan que en su primer periodo, la entonces presidenta Michelle Bachelet creó el Consejo Asesor para la Calidad de la Educación para proponer lineamientos que mejoraran la equidad y calidad en educación. Después de seis meses de debate, se propuso una "nueva arquitectura del sistema educacional chileno", que se tradujo, entre otras cosas, en la Ley General de Educación que reemplazó a la antigua LOCE y en la creación de la Agencia de la Calidad en Educación. Según los autores del paper, la combinación de un sentido de urgencia y la presión de parte del movimiento estudiantil, con el consenso dado por el Consejo Asesor, le dio a los tomadores de decisiones una nueva perspectiva e inesperadas y nuevas oportunidades políticas, que resultaron en una agenda política enfocada en la transformación institucional del sistema educacional chileno.
Según Bellei y Cabalin, el impacto del movimiento 2011 en la educación superior también fue considerable. La administración del entonces presidente Piñera implementó un sistema de financiamiento público que aumentó el número de estudiantes con becas estatales y disminuyó los intereses de los créditos bancarios.
Así, los investigadores de la U. de Chile concluyen que desde una perspectiva de políticas educacionales, el movimiento estudiantil cambió la manera de entender del sistema educacional, porque los estudiantes rechazaron la noción del enfoque tradicional para resolver los problemas que tenían los políticos tradicionales.
"La participación estudiantil cambió la noción del ciclo diagnóstico-diseño-implementación-evaluación que caracteriza la estructura burocrática y tecnocrática para crear políticas. El movimiento estudiantil no sólo visibilizó y puso urgencia a nuevos problemas, sino que visualizó nuevas interpretaciones para esos problemas", dicen Bellei y Cabalin.
Fuente: Comunicaciones CIAE
