El pasado mes de julio la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno, orientado a establecer la obligatoriedad del Segundo Nivel de Transición (más conocido como Kínder, al que asisten niños de 5 años). Esta iniciativa declara como fundamento transmitir a las familias que no envían a sus hijos al Kínder la importancia de este nivel educativo para el desarrollo integral de los niños. Su aporte específico es asegurar la asistencia de los niños de 5 años al Kínder, pues la garantía de acceso gratuito universal fue establecida constitucionalmente el año 2007.
Los reales beneficios que pueden derivarse de esta iniciativa son dudosos, ya que, en su formulación actual, tiene escaso alcance en términos de la magnitud de la población a la que puede afectar, así como escaso potencial para fomentar el mejor desarrollo de los niños que comenzarían a asistir al Kínder.
En cuanto a su alcance cuantitativo, el proyecto está dirigido a una muy reducida fracción de la población de 5 años, ya que hoy día la casi totalidad de estos niños sí asiste al Kínder. Específicamente, hoy día menos del 5% de los niños de 5 años del país –y algo más del 10% de aquéllos provenientes de familias ubicadas en el primer quintil de ingresos- no se ha incorporado a este nivel educativo.
La evidencia existente indica de manera sistemática que casi todas las familias que no envían a sus hijos al Kínder no desean hacerlo. Al respecto, algunos especialistas han planteado que esta opción podría estar fundamentada no sólo en factores culturales (como la poca valoración de la educación parvularia), sino también en dificultades serias que inhibirían a las familias de integrar a sus hijos a un centro educativo (como podría ser alguna condición de discapacidad de éstos). Dado que el proyecto de ley no está formulado para resolver situaciones de este tipo, sino sólo para incentivar la voluntad familiar, parece plausible anticipar que tendrá un efecto modesto en el incremento de la asistencia de los niños de 5 años al Kínder.
Por otra parte, la idoneidad de esta iniciativa para fomentar el mejor desarrollo de los niños de 5 años parece más discutible aún, pues la sola asistencia al Kínder no garantiza el logro de este objetivo. La evidencia científica mundial ha sido categórica a este respecto, al mostrar que la educación parvularia puede tener efectos positivos sobre el desarrollo de los niños cuando se imparte sujeta a altos estándares de calidad, pudiendo, contrariamente, causar detrimento en los niños cuando su calidad es baja.
Sin embargo, el proyecto de ley no busca mejorar los factores que merman la calidad de la educación parvularia en nuestro país, como el excesivo número de niños por adulto en el aula o la falta de certificación obligatoria para impartir este nivel educativo, por mencionar dos factores que han generado discusión nacional. En consecuencia, parece razonable prever que la asistencia obligatoria al Kínder, en condiciones como las actuales, no va a favorecer necesariamente el mejor desarrollo de los niños que se incorporarían a este nivel educativo.
Por cierto, la obligatoriedad de la educación parvularia es un tema altamente controvertido alrededor del mundo, tanto en ámbitos académicos como políticos, por lo que pocos países la han establecido. Por ejemplo, entre nuestros socios de la OCDE lo han hecho recientemente Australia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Israel, y México. Mientras, la educación parvularia es voluntaria en el resto de los países de esta misma agrupación, entre ellos Finlandia y Suecia, ambos internacionalmente celebrados por sus avances en este nivel educativo. La tendencia internacional más consensual, en cambio, se orienta en la línea de promover la universalización del acceso a la educación parvularia, enfatizando la necesidad de enriquecer tanto los contextos familiares como los ambientes de los centros educativos para fomentar de manera efectiva el mejor desarrollo de los niños pequeños.
La obligatoriedad del Kínder parece, por tanto, una iniciativa inconducente, pues es improbable que pueda producir los efectos que busca. En esta misma dirección, otras medidas tendrían mayor potencial, ameritando por tanto ser impulsadas. Una de ellas es la diversificación de las modalidades de educación parvularia para los niños de 5 años que no asisten a centros educativos, para asegurar que reciban atención educativa oportuna, con independencia de las circunstancias individuales o familiares. Una segunda medida es avanzar hacia la definición de altos estándares de calidad exigibles al universo de los centros que imparten educación parvularia, asegurando que la asistencia a este nivel educativo efectivamente represente un beneficio para los niños que asisten a él.
Fuente: CIAE
