Una serie de propuestas para mejorar el actual proyecto de carrera docente que se discute en el Congreso plantearon los investigadores del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la U. de Chile, Alejandra Mizala y Juan Pablo Valenzuela, quienes expusieron en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Mizala señaló que, desde el punto de vista de la certificación, se podría considerar que un docente guarde el resultado de su prueba para una próxima evaluación, como una forma de evitar el agobio que podría implicar el rendir tantas pruebas. En el mismo sentido, agregó que un docente podría eximirse del portafolio, luego de rendirlo satisfactoriamente dos veces.

Por otro lado, agregó que dado que el proyecto aumenta la selectividad de las carreras, “se podría considerar el ingreso directo al desarrollo profesional y considerar la certificación al cuarto año de ejercicio laboral”. Añadió que también se podría evaluar el perfil de salario, en especial el avanzado. También evaluó como importante el establecer registro nacional de docentes y el traspasar a reglamento algunos detalles de la ley.

Sin embargo, añadió que el proyecto es “una política docente, integral y sistémica”, porque busca mejorar la selección y formación inicial docente, mejorar los salarios de entrada equiparándolos con profesionales similares y porque incluye a todos los docentes: de aula, educadores de párvulos, técnico profesional y, en el futuro, a directivos. Agregó que “es una carrera horizontal, es decir, trata de mejorar las posibilidades que tienen los profesores sin sacarlos del aula, es decir, que los profesores en la medida que avancen puedan asumir otras responsabilidades, diversificando sus roles, con remuneraciones u horas no lectivas”.

Según la directora académica del CIAE, el proyecto busca atraer a los mejores, asegurar la calidad de la formación inicial, acompañar a los nuevos docentes en el inicio del ejercicio profesional, establecer un sistema de desarrollo profesional atractivo, tener mejores salarios y estabilidad y promover que los docentes más preparados trabajen con los alumnos más vulnerables.

Alejandra Mizala detalló ante los diputados algunos aspectos relevantes del proyecto, como la  certificación. Explicó que el sistema de certificación contiene una prueba que mide conocimientos disciplinarios y conocimientos pedagógicos de la disciplina y un portafolio enriquecido, que mide competencias pedagógicas y trabajo colaborativo fuera del aula y que está vinculado al currículo vigente y a los estándares. “Como la docencia es de naturaleza compleja, si uno quiere un sistema de certificación de validez, hay que combinar dos sistemas”, explicó.

Precisó que el sistema de certificación no conlleva un ánimo punitivo hacia los docentes, sino que busca generar una mejora, porque está asociado al sistema de desarrollo profesional. Es decir, determina el tramo donde se ubica el docente y su remuneración y abre opciones de desarrollo profesional,  sugiriendo a diversos roles, que le permitan ir mejorando.

Respecto a las remuneraciones, Mizala dijo que el proyecto equipara los salarios de entrada de los docentes con los de otros profesionales. “El salario de entrada de profesionales en Chile, descontando Medicina e Ingeniería, está alrededor de los 880 mil pesos por 44 horas”, explicó. En ese sentido, agregó que el proyecto “respeta los derechos adquiridos”, porque siempre está por sobre lo que los docentes hoy obtienen en el estatuto y porque no desaparece algunas asignaciones, sino que sólo las renombra.

Brechas salariales de inicio

Por su parte, el investigador del CIAE, Juan Pablo Valenzuela, dijo que el proyecto que no cierra las brechas iniciales con otras profesiones, porque se focaliza principalmente en el “cierre de brechas salariales” de primer bienio en la carrera profesional y no en los primeros años de trabajo docente, que son críticos. Explicó que las remuneraciones iniciales para los profesores  principiantes sólo se incrementan mediante asignación por horas no lectivas y financiamiento de 6 horas de mentoría, pero esto último es sólo para un grupo y en forma transitoria, por 10 meses. Añadió que el cambio más relevante es la Bonificación de Reconocimiento Profesional (BRP), que sube de $ 82 mil en 2015 a $ 304 mil, pero sólo para aquellos docentes que ingresan al tramo inicial de la carrera, lo que implica que el incremento se generaliza sólo a partir del año 2025, porque si bien se establece el alza de la citada bonificación desde 2017 para los docentes del sector municipal, no es hasta 2025 que ingresan de manera masiva los profesores de colegios subvencionados. “Es decir, falta una década completa para estar pensando en esto que sería un elemento sustantivo”, explicó.

En ese sentido, agregó que la propuesta tampoco cierra las brechas iniciales con otras profesiones, porque el alza en los salarios no se considera cuando el docente ingresa al mercado laboral, sino que cuando entra a la carrera docente, lo que puede suceder tres o cinco años después de que ya está en ejercicio. Para entonces, dijo, la brecha salarial con otras profesiones se habrá incrementado aún más. “Con 20 años de ejercicio, el profesor obtendría $ 1,2 millón de remuneración, lo que el resto de los profesionales obtendría en el quinto”, explicó.

Valenzuela mostró simulaciones, basadas en antecedentes de Futuro Laboral, que señalan que los profesionales del área de ciencias sociales incrementan su salario en 100% en términos reales en diez años. Sin embargo, según el proyecto de carrera docente, los profesores, con 37 horas de contrato, incrementarán sus remuneraciones sólo un 24% al término de diez años.

Otro aspecto que, según el investigador CIAE, debe ser mejorado en el proyecto de ley es el bajo incentivo a los sostenedores públicos, quienes –según la iniciativa del gobierno- pueden otorgar un incentivo profesional a los docentes de hasta 20% por Asignación de Tramo. Según Valenzuela, ello implicaría que un profesional con diez años en el tramo avanzado, lo máximo que podría recibir de incentivo son $34 mil, lo que es poco menos del 3% de incremento.

Además, para el experto del CIAE, el proyecto presenta una inconsistencia: cerca de dos tercios de los profesores trabajan en el sector privado y la mayoría de los profesores que ingresa al ejercicio docente comienza en colegios subvencionados, pero para ellos el ingreso a la carrera docente comenzará en 2018 para terminar en 2025. “Cuando un estudiante de cuarto medio está decidiendo su profesión, mira el mercado como está en promedio, no lo que sucederá si tiene 44 horas de contrato, en 10 años más”, explicó.

Así, añadió que el proyecto “plantea mayores exigencias para ingresar a las carreras universitarias de Pedagogía desde 2016, pero cambia las condiciones de trabajo gradualmente hasta 2025”. Para el experto, esa inconsistencia puede redundar en un déficit de docentes, lo que ya sucede en educación básica. “Hoy anticipamos un tremendo déficit sin hacer ningún tipo de reforma. Necesitamos en las escuelas alrededor de 3.000 profesores nuevos cada año en educación básica”, dijo.

Entre las propuestas para mejorar el proyecto, mencionó financiar horas no lectivas adicionales a profesores principiantes (para periodo previo al de la certificación, reducir el periodo de ingreso a carrera profesional de los profesores que trabajan en colegios particulares subvencionados, partiendo en 2017, para en 2020 haber concluido su completa inclusión; y asegurar mejores remuneraciones desde la condición de profesor principiante.

También sugirió aplicar gradualmente los mayores niveles de exigencia en selectividad y monitoreando la evolución del mercado laboral de los docentes; mejorar las remuneraciones en los primeros diez años y gestionar alianzas estratégicas y coordinación del Ministerio de Educación con programas universitarios de alta calidad para contar con suficiencia de profesionales de la educación.