El aseguramiento de la calidad de la educación superior adquiere cada vez más sentido e importancia, dada la necesidad de contar con un sistema de calidad que resguarde la fe pública y los derechos ciudadanos frente a una creciente demanda, así como ante el aumento explosivo de instituciones y carreras. En Chile existe un sistema de educación superior con proveedores públicos y privados, con instituciones de diversa complejidad y grado de especialización diferenciada según niveles de grados y títulos, y con competencia entre las instituciones por alumnos, docentes y prestigio. La decisión de estudiar de los jóvenes tiene un enorme impacto en sus posibilidades de bienestar futuro, con un gran costo personal en el presente, tanto en términos del tiempo que le dedicarán al estudio, como de los recursos que deberán invertir ellos y sus familias. Los postulantes deben elegir entre una gran cantidad de carreras e instituciones muy heterogéneas que compiten por captar sus preferencias, muchas veces con poca información respecto a calidad y posibilidades laborales futuras. Para cada individuo es muy costoso reunir toda la información y la capacidad de hacerlo y de analizarla está inequitativamente distribuida en la sociedad.

En este sentido, la acreditación juega un rol importante porque se trata del reconocimiento formal por parte de una autoridad competente de que una carrera, programa o institución cumple con los criterios y estándares mínimos de solvencia institucional y de rigor intelectual. Así, tan crucial como el proceso de acreditación es la amplia difusión de esta información validada, asegurándose que sea recibida y comprendida por la ciudadanía. En este marco es importante analizar el proyecto de ley que plantea un nuevo sistema de acreditación para las instituciones de educación superior y la creación de una agencia encargada de su administración. Si bien algunos de los cambios propuestos son positivos, entre ellos la obligatoriedad de la acreditación, la unificación de los procesos de licenciamiento y acreditación en una misma agencia, la reglamentación de la relación entre las partes acreditadoras y las acreditadas para evitar conflictos de interés y la imposibilidad de acreditar por pocos años a instituciones de baja calidad, existen algunos elementos que deberían ser mejorados con urgencia. El proyecto propone que la acreditación evalúe a la institución en su conjunto, a los programas de estudios conducentes a los títulos profesionales de médico cirujano y profesores del sistema escolar y preescolar, y dos carreras o programas de distintas áreas de estudio elegidas al azar en cada nivel que la institución imparta títulos y grados. El problema con esto es que, dada la cantidad de carreras de baja calidad que hoy se imparten y no están acreditadas, se puede producir el caso de que una universidad tenga la buena suerte de acreditarse y seguir impartiendo carreras que básicamente constituyen un fraude tanto para sus estudiantes como para el Estado, ya que al estar acreditada recibirá recursos públicos vía financiamiento estudiantil.

También puede ocurrir que una universidad, una vez acreditada, comience a crear carreras sin mayor preocupación por su calidad. Un fenómeno que ya se produjo con el proceso de licenciamiento y autonomía de las universidades privadas creadas a partir del año 1981. En sus primeros años, estas universidades eran acompañadas de cerca en su desarrollo hasta lograr su autonomía, luego de lo cual, algunas de ellas, se dedicaron a crear carreras y sedes en distintas partes del país, sin mayor consideración por la calidad de la educación que ofrecían (comportamiento posibilitado, además, porque hasta ahora la acreditación no es obligatoria).

Si bien se entiende que la idea de acreditar algunas carreras y no el total de ellas se basa en los recursos humanos y financieros que involucra, resulta necesario buscar mejores alternativas. Por ejemplo, Educación 2020 ha planteado la posibilidad de acreditar un número determinado de carreras de cada facultad/escuela o sede de la institución a acreditar, número que podrá ser definido en función de la complejidad de la institución que se acredita. Otro problema que presenta el proyecto es la información que les entrega a los estudiantes y sus familias el hecho que una institución esté acreditada. En el mensaje del proyecto se menciona explícitamente que los sistemas de acreditación no buscan ordenar a las instituciones por su calidad o complejidad, sino que cada una satisfaga estándares que le permitan cumplir con los propósitos que ella misma ha declarado. Esto significa que los estudiantes sabrán que una institución está acreditada por seis o tres años y punto. Una situación del todo insatisfactoria, dada la heterogeneidad de instituciones de educación superior. Así, no parece razonable que los estudiantes no puedan distinguir entre una universidad de investigación, una con investigación y una centrada únicamente en la docencia, todas con seis años de acreditación. En esta misma línea, los informes de evaluación debieran ser fácilmente accesibles para el público interesado y los estándares exigidos debieran considerar no sólo insumos y procesos, sino también resultados.

Por último, es necesario mejorar el tratamiento que se dará a aquellas instituciones que no logren ser acreditadas. La experiencia de la Universidad del Mar muestra la necesidad de mecanismos que protejan adecuadamente a los alumnos en caso de que la institución se quede sin acreditación.