Los sistemas educacionales masivos están relacionados con la creación y consolidación de los estados nacionales modernos. Aunque las disposiciones organizacionales pueden variar, en prácticamente todos los países desarrollados el estado se transformó en el principal proveedor de educación. En muchos casos, el estado también ha apoyado a la educación privada, pero la mayoría de las veces preservando la hegemonía del sistema de educación pública.
Sin embargo, la crisis del estado de bienestar y la emergencia de políticas neoliberales, así como las dificultades que han tenido los países en desarrollo en garantizar el acceso universal a la educación, han llevado a algunas organizaciones internacionales, académicos y políticos a favorecer la expansión de agentes privados en educación.
Por eso, un reporte elaborado por los investigadores del CIAE, Cristián Bellei y Víctor Orellana, a solicitud de Open Society Foundations, analizó las propuestas de privatización en el campo de la educación, con especial énfasis en la situación de América Latina y El Caribe. Sin embargo, la manera en que se usa el término “privatización” en los debates sobre educación es enormemente variada. Uno de los propósitos del estudio es justamente contribuir a este debate analizando cómo algunas políticas han sido definidas como privatización, dependiendo de la perspectiva con la que se analizan.
El documento identificó dos formas básicas de privatización en educación. La primera es el reemplazo de agentes públicos por agentes privados en el funcionamiento del sistema público de educación, ya sea en la provisión de insumos y servicios, la gestión educacional, o la privatización de la relación entre las familias y las escuelas. La segunda forma de privatización es el reemplazo de escuelas públicas por privadas, siendo ésta la forma más evidente de privatización en educación. Los autores clasificaron las políticas de privatización educacional en cinco grandes familias, de menor a mayor nivel de privatización: la existencia de regulaciones básicas sobre las escuelas privadas, los subsidios estatales para escuelas privadas, los contratos parciales con proveedores privados, los contratos de concesiones para la gestión de escuelas públicas, y el subsidio a la demanda y la elección de escuelas en una lógica de mercado. Con ese enfoque fueron analizados los casos de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Haití, Cuba y la red de escuelas Fe y Alegría.
Pese a la promoción de estas políticas, la tendencia en América Latina de aplicar una abierta privatización es menor y de reciente data, salvo excepciones como Chile y Colombia. Así, entre 1970 y 1990, la proporción de estudiantes que asistía a escuelas privadas se mantuvo constante en torno al 12% en la región, luego se incrementó para llegar a 17% en 2011. En educación media no ha habido una tendencia a la privatización abierta en la región. Esto es consistente con los países de la OECD que en general tampoco han privatizado abiertamente su educación escolar. A nivel de educación superior, mientras las universidades públicas aumentaron sus matrículas, las privadas también se expandieron rápidamente para acomodarse a la nueva demanda. Aun así, los casos nacionales difieren marcadamente en este sentido: desde países donde el sector público retuvo la centralidad, como Argentina, Cuba y Uruguay, hasta países donde la cooperación público-privada incrementó la presencia de proveedores privados (Brasil, Chile y Colombia).
En cambio, en la región prevalecen variadas formas de apoyo estatal a escuelas o proveedores privados en educación, pero en una lógica más tradicional, que no busca reemplazar la educación pública por educación privada, ni busca introducir la competencia de mercado en la dinámica educacional. En este contexto, los casos de Haití y Chile son excepcionales por su elevado nivel de educación escolar privada, producido –respectivamente- por la ausencia de un sistema público de educación o por el reemplazo de éste como consecuencia de reformas de mercado.