En esta columna de opinión, las investigadoras Beatriz Fernández y Andrea Rufinelli abordan la problemática de los requisitos de ingreso a las Pedagogías, proponiendo flexibilizar los requisitos de acuerdo a las necesidades de cada territorio.
Hemos observado, en las últimas semanas, una porfiada insistencia en focalizar el problema de las pedagogías en sus requisitos de ingreso, estableciéndose un falso dilema entre incrementarlos o no, entre hacer obedecer la ley o no hacerlo. Sin embargo, no aparecen en el horizonte de la discusión elementos fundamentales y críticos. Las leyes son instrumentos de los que nos hemos provisto para resolver problemas en momentos y escenarios determinados, y por tanto, han de ser modificadas toda vez que ya no respondan de manera adecuada a los fines para los que fueron creadas. ¿Por qué nos negamos a revisar la política pese a que la empiria y la evidencia llaman con fuerza a hacerlo? ¿Por qué en todo el extenso territorio de Chile y para estudiar cualquier carrera de pedagogía debemos exigir los mismos requisitos si hay necesidades tan diferentes? ¿Por qué insistimos en políticas centralizadas y estandarizadas cuando todo indica que se requieren políticas ajustadas a las necesidades diferentes de los territorios? Y, ¿por qué se asume que conservar, diversificar o aumentar los actuales requisitos basta para formar buenos profesores?
Durante demasiado tiempo se ha focalizado la discusión en las condiciones de entrada de los estudiantes, invisibilizando el valor irreemplazable y crucial del proceso formativo, el que se sustenta en hallazgos investigativos robustos. Si bien las condiciones de entrada facilitan los aprendizajes en el proceso formativo, éstos de ningún modo son garantía de profesionalidad docente, la cual solo puede ser construida desde procesos formativos cuidadosos, que respondan a las necesidades diferenciadas de apoyo que requieren los estudiantes, dependiendo de las heterogéneas oportunidades de educación escolar que han tenido.
Las actuales discusiones sobre el aumento o disminución de un puntaje de entrada, en el contexto de las condiciones de desigualdad educativa del país, pueden conducir a dos grandes consecuencias no deseadas: actuar como un filtro para elitizar la profesión docente o centrarse en el acceso, sin resguardar el despliegue de apoyos adicionales que aseguren un mejor beneficio de la formación inicial docente por parte de sus estudiantes.
Sin duda, se requieren los mejores profesores para todos los niños, niñas y jóvenes, pero dadas las condiciones inequitativas para la selección, el actual escenario del ejercicio laboral y la escasez de docentes en en algunos territorios, ¿no parece razonable flexibilizar estos requisitos en los lugares que sea preciso y poner el foco en los apoyos públicos que requiere la formación inicial docente en esos contextos?
