La proporción de niños menores de 6 años en Chile ha caído del 14.7% en 1992 al 9.8% en 2020 y se proyecta que será del 6.5% en 2050. Lo mismo ocurre con el número de nacimientos en Chile, los cuales están descendiendo aceleradamente en la última década y, más aún, en los últimos dos años. No puede ignorarse el hecho de que esta baja natalidad tiene implicancias más amplias para el país, como el envejecimiento de la población y los desafíos asociados a la sostenibilidad económica. Pero también presenta oportunidades. La disminución de la tasa de natalidad en Chile no solo transformará la estructura demográfica del país, sino que también presenta una oportunidad para redefinir la educación. Este fenómeno demográfico, aunque plantea desafíos ineludibles, debe abordarse con una mirada estratégica que contemple tanto los problemas inmediatos como las oportunidades de transformación a largo plazo.

En el caso de la educación parvularia, esta situación no sólo requiere una gestión eficiente de recursos, sino también un compromiso por priorizar la calidad y la equidad en el acceso. Además, este cambio demográfico es la puerta de entrada de un ajuste más amplio que experimentará gradualmente el sistema educativo chileno en su conjunto. Este descenso da la posibilidad de que, si se mantienen los actuales recursos financieros públicos, se incremente considerablemente el aporte por cada niño y niña. Esto permitiría hacer viables diferentes mejorías en la calidad de este nivel, las cuales, mediante políticas públicas integrales, pueden transformar al sistema de educación parvularia en un modelo que brinde una atención más personalizada y que sea más inclusivo, equitativo y adaptable a los nuevos tiempos. Algunas de estas mejorías podrían ser aliviar la presión sobre la infraestructura educativa, la implementar estándares más exigentes y la reducción de proporciones adulto-niño. Además, podría cerrarse la brecha en los aportes públicos a los jardines VTF en comparación con otras modalidades, así como incorporar programas masivos para el desarrollo de habilidades parentales desde el embarazo hasta los primeros años de vida, y fortalecer el apoyo a niños y niñas con necesidades educativas especiales.

 Un elemento clave para esta transformación es el fortalecimiento del rol de las educadoras de párvulos. El déficit de más de 4.500 educadoras proyectado para 2034 según un estudio reciente de Elige Educar, junto con la implementación de normativas más exigentes, como la Ley 20.903, obligan a diseñar estrategias que garanticen tanto la formación de nuevas educadoras como la retención y revalorización de quienes ya forman parte del sistema. Es fundamental invertir en su desarrollo profesional, mejorar las condiciones laborales y promover su reincorporación al sistema mediante incentivos específicos.

Asimismo, la creciente participación laboral femenina, que ha aumentado significativamente en las últimas décadas, exige que los servicios de educación parvularia sean más flexibles y accesibles. La implementación de modalidades no convencionales, como programas itinerantes o centros familiares de aprendizaje, puede ser una solución efectiva para responder a estas nuevas demandas. Además, estas estrategias permiten expandir el alcance del sistema hacia comunidades históricamente excluidas, como zonas rurales o contextos de alta vulnerabilidad.

En última instancia, la educación parvularia debe ser vista no solo como un servicio, sino como un derecho fundamental que promueve el desarrollo integral de los niños y niñas. Para garantizar esto, es crucial mantener e incluso redirigir el financiamiento público hacia áreas que fortalezcan la calidad y amplíen el acceso de manera equitativa, asegurando que, en un contexto de menor natalidad, todos los niños y niñas tengan acceso a experiencias educativas significativas y de alta calidad.