Avanzar y asegurar una implementación gradual y sostenible de un sistema que permita cerrar históricas brechas sociales y proveer igualdad de oportunidades a los niños, niñas y adolescentes de Chile fue el objetivo del estudio elaborado por nuestro Centro de Sistemas Públicos (CSP) y el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) del Instituto de Estudios Avanzados en Educación (IE), ambos pertenecientes a la Universidad de Chile, en conjunto con UNICEF Chile y la Subsecretaría de la Niñez.

El estudio titulado “Estimación del presupuesto para garantizar un piso de protección social para la niñez” calcula que, para cerrar la brecha en la cobertura de bienes y servicios en protección social infantil, se requeriría una inversión equivalente al 0,88% del PIB. Esta inversión permitiría mejorar el acceso a prestaciones clave en salud, educación y seguridad económica, beneficiando a miles de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad económica y social.

Esta investigación forma parte del Programa de Cooperación 2023-2026 entre UNICEF y el Gobierno de Chile y se enmarca en la Ley N° 21.430 y la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2032, y su propósito fue calcular el financiamiento necesario para garantizar derechos fundamentales de la infancia con énfasis en un Piso de Protección Social.

“El objetivo del proyecto fue estimar el costo de garantizar un piso de protección social para la infancia, definido en la nota conceptual elaborada por UNICEF y la OIT, en conjunto con la Subsecretaría de la Niñez. En este documento se detallan los programas que deben integrar dicho piso y aquellos que podrían incorporarse para cubrir integralmente las necesidades de niños, niñas y adolescentes”, indica Pablo González, director académico del CSP.

Principales resultados

A partir de la revisión de 16 programas, el informe analiza los programas relevantes del piso de protección social para la niñez y adolescencia calculando la brecha en prestaciones de bienes finales y servicios para esta población objetivo.

Entre ellos, los programas de “Control Niño Sano”, “Programa de Alimentación Escolar” y “Jardines Infantiles JUNJI e Integra” con coberturas de 25,4%, 12,8% y 33,7%, respectivamente. El estudio establece que para llegar a la población objetivo de estos tres programas se requiere una inversión anual de USD $1.554,876 millones, en tanto que incrementar la cobertura de los 16 programas en total, para alcanzar a la población objetivo, tendría un costo anual aproximado de USD $2.781,06 millones (equivalente al 0,88% del PIB y al 3,39% del gasto público anual del año 2023).

Por otro lado, señala el informe, ampliar la cobertura desde la población actualmente atendida hasta la población potencial implicaría un costo anual estimado de USD $11.751 millones. Esto representaría un 1,57% del PIB y un 6,05% del gasto público anual, lo que pone en perspectiva la magnitud de los recursos necesarios para alcanzar este nivel de cobertura.

Propuestas de implementación

A partir de las estimaciones de brechas realizadas en esta investigación, los expertos proponen cuatro escenarios de implementación destinados a mitigar las diferencias en cobertura que existen entre la población afectada, objetivo y atendida en un período de ocho años (2026-2032).

El Escenario I prioriza los hogares con menores de 6 años y se implementa en cuatro etapas. La primera incluye a los niños de 0 a 5 años de los quintiles I y II, cubriendo todas las prestaciones. Posteriormente, se añaden el resto de los quintiles, seguido por la inclusión de niños de 6 a 17 años en los quintiles I y II, y finalmente el resto de los quintiles. Este enfoque permite focalizar inicialmente en la etapa de mayor retorno social y económico.

El Escenario II prioriza por quintiles de vulnerabilidad en cinco etapas, comenzando con el quintil I y sumando paulatinamente el resto hasta cubrir a toda la población afectada. Este escenario responde a la estructura tradicional de focalización utilizada por el Estado chileno, asegurando una implementación progresiva según los niveles de vulnerabilidad.

El Escenario III organiza la implementación según el tipo de prestación en tres etapas. En la primera, se entregan transferencias monetarias a todos los hogares con niños en situación de pobreza. En la segunda, se incluyen bienes y servicios, y en la tercera, las nuevas prestaciones. Este modelo destaca por su eficiencia, dado el menor costo relativo de las transferencias monetarias y su impacto directo e inmediato.

El Escenario IV, centrado en la factibilidad de implementación, prioriza la entrega inicial de transferencias monetarias y bienes y servicios de bajo costo a todos los hogares con niños en pobreza. En etapas posteriores, se añaden prestaciones de alto costo y nuevas prestaciones, comenzando con el primer quintil y avanzando hacia los quintiles superiores. Este enfoque maximiza el impacto inicial con recursos limitados y asegura una expansión gradual y sostenible.

“El estudio identificó las brechas de cobertura en cuatro dimensiones clave: acceso universal y oportuno a la atención de salud esencial; acceso a educación para el desarrollo de la infancia y adolescencia; seguridad básica de ingresos para familias cuidadoras; y garantías para satisfacer necesidades fundamentales como alimentación, vivienda y cuidado”, detalla González.

Agrega: “Garantizar un piso de protección social para la niñez en Chile es una meta financieramente viable y urgente. Invertir en protección social para la infancia no solo reduce la pobreza, sino que también genera un impacto positivo en el desarrollo del país a largo plazo”.

Este estudio fue presentado el 6 de marzo a la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, quien afirmó: “Gran parte de la propuesta ya se encuentra dentro de la oferta de servicios existentes, lo que representa una inversión estratégica en la niñez”.

“Apostar por la prevención desde la primera infancia no solo garantiza su desarrollo integral, sino que también reduce la necesidad de intervenciones reparatorias en la adolescencia. Los datos del estudio confirman que fortalecer el acceso a prestaciones esenciales, como salud, educación y seguridad económica, es clave para cerrar brechas de desigualdad. Nuestro compromiso es consolidar y ampliar estas acciones, asegurando que niños, niñas y adolescentes cuenten con las herramientas necesarias para su bienestar, con un enfoque de derechos y protección social efectiva a las familias”, finalizó.