La reciente entrega pública del Plan Nacional Docente por parte del Ministerio de Educación responde a la necesidad, de larga data, de contar con respuestas concretas a diversidad de temas críticos referidos a la profesión docente y su ejercicio. Si bien la Ley de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20.903, 2016) estableció parámetros respecto a la formación, ejercicio y evaluación docente, su implementación ha sido insuficiente en algunos aspectos. El Plan Nacional enumera y entrega evidencia respecto a las áreas problemáticas que permanecen, proponiendo acciones para superarlas gradualmente y su forma de financiarlas. Así, por ejemplo, el Plan indica que no es evidente que la dotación actual de nuevos docentes y educadoras sea suficiente para responder a las cifras de retiro de docentes en ejercicio, en particular en las regiones. Esta posibilidad se acentuaría dadas las tasas de deserción docente en los primeros años de ejercicio y en el segundo año de las carreras de pedagogía. Desde otra perspectiva, el Plan también hace notar las situaciones de malestar y agobio laboral que experimentan, en diversos grados, docentes y educadoras. Parte de dichas situaciones se explicarían por el período particularmente difícil vivido durante la pandemia COVID-19, el que aún afecta a muchos docentes en diversas partes del mundo. Pero también dicho malestar y agobio responde a otros factores a los que es necesario atender. Al respecto, se destaca la importancia de las comunidades escolares en el aseguramiento de buenos climas organizativos, y la necesidad de una carrera directiva para quienes son responsables de gestionar esos climas.

Frente al conjunto de situaciones que necesitan de atención, el Plan destaca algunas de las cuales son particularmente críticas: el ingreso a las carreras de pedagogía, la condición y apoyo en los primeros años de ejercicio docente, la formación docente continua y el rol de los sostenedores municipales, particulares subvencionados, Servicios Locales de Educación y Administración Delegada. En lo que respecta a aumentar la matrícula de Pedagogía, nos parece valiosa la iniciativa de mejorar la información sobre estas carreras mediante una plataforma especial. Ello, teniendo en cuenta que los factores que motivan a ingresar a Pedagogía, según estudios realizados en el CIAE, tienden a ser motivos altruistas de contribución social, más que por falta de otra opción mejor.

Por otro lado, en concordancia con los requerimientos de la formación continua, es destacable la iniciativa de Proyectos de Participación Activa para acompañar a docentes en sus primeros cinco años de servicio. Aún más relevante en el Plan, son las acciones propuestas para mejorar las oportunidades de apoyo o inducción docente en el primer año de enseñanza. La inducción fue una política establecida en la Ley de Desarrollo Profesional Docente (2016), pero que hasta el momento no ha contado con procedimientos eficaces de implementación. Diversos estudios han mostrado que una serie de factores burocráticos han impedido que el apoyo llegue a la mayor parte de docentes y educadoras en su primer año de servicio. El Plan Nacional Docente no sólo propone mejorar los procesos de inducción, sino que, además, establece condiciones para que los propios establecimientos educacionales ofrezcan apoyo de mentoría a sus docentes noveles.

En síntesis, el Plan Nacional Docente ofrece medidas concretas y posibles para estimular un mayor ingreso a las carreras de pedagogía, apoyar la inserción profesional, la formación continua centrada en las escuelas, el ejercicio docente, y el bienestar físico y emocional de docentes y educadoras. Todo ello, sobre la base de evidencia y propuestas relevantes, como también de plazos para concretar los cambios. Hacia el futuro, será importante monitorear tanto los avances como los datos sobre los cuales se construyó el Plan.