La legislación actualmente vigente le entrega al Estado la iniciativa para la creación de oferta pública al desaparecer los incentivos de mercado que los privados tenían para cerrar las brechas territoriales, lo que centralizará administrativamente las decisiones de inversión en la Dirección de Educación Pública, cuando se complete el traspaso desde el sistema municipal.
Los cambios sociodemográficos de reducción de la tasa de natalidad; la expansión urbana en algunas zonas; la y la migración interna y externa, especialmente de familias extranjeras, ha creado un desequilibro en la demanda por oferta educativa. Por un lado, tenemos territorios con establecimientos educativos con subocupación de vacantes y sobredotación docente, y otros con falta de oferta generando ineficiencia e inequidad territorial, problemas a los que el Estado actualmente no está dando solución en forma ágil.
A partir de diferentes resultados previos de analítica avanzada y optimización de la configuración de oferta educativa, el presente proyecto plantea establecer las bases para un sistema de planificación de la oferta pública basada en herramientas analíticas, buenas prácticas y modificaciones legales y administrativas a la reglamentación vigente que entreguen insumos y mecanismos al Estado para proveer eficaz y eficientemente de una oferta que garantice el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes (NNJ). De esta forma se podrá estructurar una oferta sustentable que satisfaga requerimientos de calidad, cobertura, localización y accesibilidad. Se espera que mejorar la configuración de la oferta pública genere o un referente para optimizar la gestión existente y en caso de implementarse, ahorros que permitan reinvertirlos en mejorar la calidad de la educación o financiar la creación de nuevos establecimientos públicos.
